Polos y falacias
Les comparto este artículo de Javier Hernandez Alpizar, no porque lo suscriba, sino porque es un buen ejemplo de qué pasa cuando las buenas intenciones salen mal.
Las observaciones que hace pueden reducirse básicamente a dos puntos: haciendo un malabarismo con algo de espagueti de historia quiere establecer que el vandalismo contra una puerta no hace la revolución (eso es a lo que llamamos “profundancia”, es decir, una observación verdadera pero trivial); y por otro lado la insistencia sin fundamento racional de aplicar el principio de presunción de culpabilidad de ser agentes pagados sobre aquellas personas de las que no se sepa quiénes son, como oposición a no ser “ingenuos”.
El primer punto se puede destruir muy fácilmente, ningún acto violento o pacífico (entiéndase por esos conceptos lo que se desee) son determinantes por sí mismos, de manera aislada en el tiempo, de ningún cambio social. El cambio social se realiza a lo largo del tiempo y consta visiblemente de muchos eventos que accidentalmente pueden entenderse como hechos aislados, pero no lo son. Por supuesto que todos los ejemplos que señala el autor no desembocaron por sí mismos en el cambio que él apunta que aconteció después, todos ellos formaron parte de una secuencia de eventos más grandes, muchos de ellos tuvieron su origen y conclusión a lo largo de varias generaciones. Esta concepción debería ser algo de sentido común y no reservada para Historiadores expertos, deberíamos ser capaces de entender esto de forma un tanto innata.
Sobre el segundo punto he estado cuestionando insistentemente en los últimos días aquí en la red: qué es lo que nos impulsa a asumir que, ante el desconocimiento de la identidad de una persona o grupo social, es válido llamar escepticismo a una acusación tan grave y afirmativa como el que se trate de agentes provocadores del gobierno. En éste artículo el autor hace la acusación de forma más rápida y tímida pero es consistente con lo que ha publicado previamente y veo que él está algo atrapado en la dicotomía de tener que aceptar la legitimidad de la acción al reconocer el origen popular de los rijosos o negar la legitimidad de la acción presumiendo la afiliación de los ejecutantes a las filas de la policía. Ambas opciones, que son las que parecen más populares entre las personas que han escrito sobre el tema, son falsas. Se sustentan en una falacia del principio de autoridad: ni la acción es legítima necesariamente por el origen popular del actor, o en su inverso lógico, el actor no es necesariamente un agente del gobierno porque la acción sea ilegítima.
Si un grupo social reivindica su origen popular para realizar una acción o manifestación de ideas, podemos tomar su palabra al menos sobre ese origen, salvo prueba en contrario, no presumir su naturaleza policiaca ante la falta de información de nuestra parte. El principio de presunción de inocencia no es un simple formulismo legal, está enraizado en una larga consecución de razonamientos que comienza en el discernimiento entre lo justo y lo injusto.
El escepticismo en todo caso nos obliga a posponer el juicio ante la falta de información, no a emitir presunciones de identificación, eso es el campo de la derecha.
Por último probablemente alguien agradezca que se conceda la oportunidad de ser liberado de las cadenas de las formas falaces, incorrectas de razonamiento que nos atrapan en polos ficticios de interpretación de la realidad: ustedes pueden hacer distinción entre el origen popular de una protesta y la legitimidad de la misma, no están íntimamente relacionadas, y todavía más importante, tienen la libertad de no emitir un juicio que reivindique la protesta ni que la condene, hasta tener más elementos para poder entender qué es lo que ocurre no sólo ahí, sino en un contexto temporal y espacial más grande.