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El objetivo principal de este trabajo es determinar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ajustó a los estándares requeridos para realizar una restricción adecuada al derecho de libertad de expresión, en un caso iniciado por discriminación.

En la historia del pensamiento occidental, el lenguaje de la filosofía y la ciencia se ha distanciado cada vez más del de la gente común. Elitista, separado del resto de la sociedad, se ha vuelto el idioma secreto de una casta sacerdotal del saber burgués. Y es que existen pocos conceptos que pertenezcan al mismo tiempo a la esfera de la reflexión teórica y a la de la práctica del día a día. En cuyo caso se trata, las más veces, de objetos especialmente sesgados, que de manera involuntaria remiten al absurdo de la sociedad burguesa. Uno de tales conceptos es el de “trabajo”, que por un lado presenta una categoría filosófica, económica y sociológica, pero que por el otro es empleado también, y de manera desconcertantemente diversa, en la praxis vital de todo ser humano.

Las reformas laborales efectuadas en el subcontinente en el marco de lo que han dado en llamar globalización o mundialización son presentadas a menudo como la evidencia de que el fin del sindicalismo está cerca. Las voces de alarma que llegan desde las estructuras sindicales y los medios académicos afirman que la continuación de las reformas terminarán no sólo por limitar toda forma de representación y defensa obreras, sino que, al eliminarse las relaciones colectivas de trabajo a favor de la contratación individual descentralizada, quedará sin sustento el mismo derecho del trabajo.

En 1985, Sergio Bagú presentó la ponencia "Evaluación histórica de las revoluciones de Independencia en México y América Latina" (1). En este escrito se hacen observaciones importantes de carácter teórico y metodológico, a la vez que se establece una comparación entre los movimientos revolucionarios señaladamente sociales de la primera etapa de la Independencia de América Latina México. Perú, Haiti y Uruguay.

AUTORAS: Adriana AGUILERA, Nancy CANSECO, Angélica CRUZ y Sayuri HERRERA.

Sumario: I. Introducción. II. Violencia de género en la Ciudad de México: Mariela Vanessa. III. Debida diligencia en la búsqueda de mujeres jóvenes y niñas desaparecidas. IV. Conclusiones.

I. Introducción.

La violencia contra mujeres y niñas es una violación a derechos humanos. Se define como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.¹ En México, al referirnos a violencia de género “no [hablamos] de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”.² Organizaciones internacionales de derechos humanos, detectaron en nuestro país la existencia de un patrón de discriminación sistemática contra las mujeres sustentado en una concepción errónea de su inferioridad.³

Autores: Janette Carrillo, Ever Flores, Javier Pineda, Itzel Palestina, Luz Hernández.

SUMARIO. I. #Pena Sin Culpa II. Prisión Preventiva Oficiosa III. Libertad Personal. IV. Cuestiones finales.

I. #Pena Sin Culpa

El 05 de septiembre de 2001 fue privada de la vida María de los Ángeles Támez Pérez, Regidora en el Municipio de Atizapán en el Estado de México. Reyes Alpízar Ortiz y Daniel García Rodríguez, militantes del partido gobernante a nivel federal en ese momento (PAN), fueron acusados de su homicidio en el año 2002, por lo que han permanecido 16 y 17 años en prisión preventiva, sin que a la fecha se haya dictado sentencia en su contra.

Por: Diana Jessica FIGUEROA BRINGAS, Mayra Liliana GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, Vanessa Heidi NAMBO HUERTA y Ana Sandra SALINAS PÉREZ[1].

Sumario*: I. INTRODUCCIÓN: introducción contextual; el y la adolescente en conflicto con la ley y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. II. ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY Y LA ACTUACIÓN DEL ESTADO: el papel de la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA). III. LOS DERECHOS HUMANOS DEL Y LA ADOLESCENTE: autonomía progresiva, desarrollo de la personalidad y vida digna.IV. LA NORMA PENAL PARA PROTEGER LOS DERECHOS Y DIGNIDAD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES: delitos contra el pleno desarrollo y la dignidad de la persona. V. A MANERA DE CONCLUSIÓN: reflexiones y propuestas. VI. BIBLIOHEMEROGRAFÍA.*

*Autores: Montserrat Martínez, Itzel Morán, Rogelio Moreno, Erika Nigo, Claudia Rojas (estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México)

De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM), la Nación mexicana es de composición pluricultural y está basada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, lo cual hace referencia a las entidades culturales y territoriales que habitaban en este país de manera previa a la colonización y que aún residen en esas demarcaciones.

El fin del dominio español en Hispanoamérica abrió paso a una profunda crisis política y social: las instituciones coloniales se derrumbaron y los nuevos Estados, fragmentados por guerras civiles, caudillismos y dictaduras, buscaron consolidarse entre tensiones de poder local y ambiciones militares.

El proyecto de Ley Reglamentaria de Articulo 123 Constitucional elaborado por Ejecutivo, fue presentado para su discusión en el periodo extraordinario del XXXIV Congreso de la Unión que se inició el 22 de mayo de 1931. Para apreciar la importancia de este documento se precisa considerar la situación inmediatamente posterior al Congreso Constituyente de 1917.